Según la misiva del CPACF los carteles expuestos en lugares de acceso público “imputan a toda la comunidad abogadil la comisión de delito penal” afectando de esta manera a quienes ejercen su profesión de manera decorosa y honesta. Los abogados, expresó la entidad, “se han visto atacados por esa campaña de desprestigio que siembre un vicio de sospecha general”.
En ese sentido el Colegio opinó que “la ANSES cuenta con los medios necesarios para actuar en cada caso concreto que se detecte”, el cual se puede poner en conocimiento de la institución para que la misma actúe en consecuencia. Al respecto, denunció que el organismo “con su actuar imprudente afectó el derecho a trabajar de los abogados, vulnerando el debido respeto y consideración que se les debe”.
Según el texto “indudablemente esta campaña, tiende a evitar que los beneficiarios del sistema provisional no recurran a consultas jurídicas que puedan derivar en la formación de demandas de reajuste, cuyo origen tiene un único responsable y es la deficiente gestión en políticas provisionales”. Postura que se abona “con la enorme cantidad de litigios en trámite que incumplen los lineamientos de la Corte Suprema y de la CIDH”.