Armonización y ajuste en
la Reforma Previsional de Ley 10.694
Modificaciones a Ley de Jubilaciones y Pensiones 8024
to s/Dec. 40/09 de Córdoba
Dejaré
de lado en este comentario las muchas consideraciones que pudieran hacerse
respecto a la oportunidad y el contexto en que se sancionó la nueva reforma
previsional cordobesa. Despreciaré en esta oportunidad las formas para
concentrarme en la sustancia de la nueva norma.
Ciertamente
todos los regímenes previsionales vigentes a nivel nacional y provincial son
perfectibles, padecen un crónico problema de financiamiento y sustentabilidad,
y si no se adoptan medidas serias, responsables, que recepten todas las aristas
de la compleja problemática en su conjunto, sin sesgos partidarios y sin
parches normativos, en lo que podría llamarse una verdadera política de estado
de largo aliento, seguramente esos regímenes estarán condenados a la implosión,
más temprano que tarde. Por todo lo dicho resulta impensable, aun cuando se
haya sancionado de manera legal, la consagración de una norma tan pesada sin
que ni siquiera los votos afirmativos hayan tenido tiempo de leer sus preceptos.
Resulta imprescindible, aunque no resulte cómodo, la intervención de
especialistas en la materia, así como también la no siempre sana discusión parlamentaria,
la opinión de todos los sectores involucrados, de la sociedad toda que sostiene
ese régimen, y, por cierto, un ríspido debate mediático. Claramente todas las últimas
reformas, a nivel nacional, (2017 y 2019) y provincial (2009, 2012, 2015 y
ahora 2020) han ido hacia variables de ajuste,
y en el pago chico hacia la armonización,
con todo el coste político que ello implica. Tragarse la dura píldora de
ajustar regímenes previsionales requiere sin dudas una gran dosis de cinismo e hipocresía,
la que advertimos en todos los rincones cuando se buscan eufemismos
legitimadores. En pocas palabras, la sociedad en su conjunto se merece claridad:
hay que modificar los regímenes nacionales y provinciales en cuestión para que
sean sustentables: sí. El tema es el cómo y en qué medida, y, por cierto, en
que oportunidad. Ciertamente no pueden modificarse sin el
debate que se merece, y nunca avasallando derechos de trabajadores y jubilados.
En todas las reformas citadas advertimos, mutatis
mutandis y exceptis excipiendis,
los mismos vicios.
En esta oportunidad la
reforma resultó muy fácil, sin posibilidad de defensa alguna para el colectivo
de trabajadores y jubilados, por cuanto los abogados estamos encerrados, la
Justicia con suerte trabaja a media máquina, mientras que sindicatos y ONGs se
vieron impedidas de ganar la calle. La sorpresa hizo el resto: tanto el sector político como los medios de comunicación
apenas si pudieron esbozar alguna reacción. Todo lo señalado hasta aquí pronostica
la necesidad de transitar un nuevo y empinado sendero litigioso.
La Ley de 10.694 de Fortalecimiento de
la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de
Córdoba que modifica la Ley 8024 to s/Dec. 40/04 luce prima
fascie, como inconstitucional a la luz de los principios que rigen en la
materia:
- Se quiebra la proporcionalidad y la sustitutividad,
una vez más, en el cómputo de los haberes iniciales y
al diferirse la pauta de movilidad jubilatoria, y al reducirse
la base salarial sobre la que se efectúa el computo del haber inicial.
- En el primer caso, para el cómputo de los haberes se
abandona el 82% actual, calculado sobre el 89% del promedio de salarios
brutos de los últimos 4 años [lo que en la práctica arrojaba un 73%] para
pasar a al 82% sobre el promedio de los salarios brutos de los
últimos 10 años, deducido el aporte personal jubilatorio que en cada caso corresponda.
- En cuanto a la movilidad, la misma deja de ser
automática y se difiere a dos meses. Esto significa que los aumentos de
los salarios de los activos no impactan inmediatamente en la movilidad
jubilatoria, sino que impactarán en el mes siguiente al ingreso efectivo
al sistema previsional de los aportes y contribuciones correspondientes al
mes en que operó la variación salarial. Con ello se pone en jaque el principio
de movilidad jubilatoria contenido en el Art. 14 bis CN
- Con estos dos aspectos se vulnera la lógica de la integralidad en la cobertura de
las contingencias, la no confiscatoriedad y del principio
de mayor esfuerzo contributivo, menoscabando el derecho a la propiedad. Además, se advierte un ataque a la irreductibilidad de los haberes
plasmada en el Art. 57 de la Constitución Provincial: “El Estado Provincial, en el ámbito de
su competencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión
social y asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del
trabajador en actividad (…)”
- Los regímenes especiales, por ejemplo, docentes y magistrados, así como el haber jubilatorio máximo también se ven afectados por algunos de estos cambios. En cuanto a éste ultimo, sigue referenciado en el sueldo del Gobernador, aunque en lo sucesivo previa deducción del aporte personal que corresponda
- En el caso de los docentes resulta particularmente llamativa la dimensión que adquiere la armonización: en el sistema nacional rige el régimen especial del Dec. 137/05, basado en la vieja ley 24.016. En el sistema nacional el régimen docente es, por mucho, superior al del sistema provincial. De ello se advierte que la armonización sólo funciona en el sentido de la reducción de los derechos y no de la ampliación, lo que tira por la borda los preceptos convencionales de la mejora continua de las condiciones de vida y la progresividad, a la par que se ha perdido una nueva oportunidad para adoptar una medida de acción positiva en el sentido señalado. Por otra parte se habilita que por ley especial se pueda incluir en el régimen docente a aquellos que se desempeñan en salas cunas o jardines maternales.
- Estas modificaciones se aplican para los futuros jubilados, pero también para los actuales, cuyos haberes se recalcularán conforme a las pautas señaladas –aunque hay sectores que no serán alcanzados- lo que implica una afectación a los derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de las normas. Para quienes ya se encuentran jubilados se aplicarán las pautas que establecen las leyes vigentes al momento del otorgamiento de sus respectivos beneficios, pero lo harán sobre la base de la remuneración líquida, esto es, previa deducción del aporte personal que en cada caso corresponda. En estos cambios se garantiza que "en ningún caso la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo sobre los beneficios ya acordados importará reducción alguna de los haberes liquidados actuales"
- Complemento especial: los
haberes menores al equivalente a 4 jubilaciones mínimas [actualmente
$68000] deberán recibir un complemento para que no se reduzca su haber,
conforme el recálculo del haber ya mencionado. Esto generará distorsiones y achatamiento
de la pirámide de beneficiarios.
- Pensiones: pasan de
representar el 70% del haber que correspondería al causante, cuando antes
era del 100% durante el primer año para luego pasar a representar el 75%. También se establecen nuevas normas en lo que hace a la inclusión y exclusión de
derechohabientes y para la acreditación de la convivencia.
- Restricción de beneficiarios de pensiones para beneficiarios que
cursen estudios: Quedan
excluidos nietos y hermanos. Subsiste derecho de pensión para hijos hasta
23 años que cursen estudios.
- Magistrados: eleva
edad jubilatoria para hombres hasta los 65 años, y eleva el aporte personal
a un 18% [antes 12%]. Uno de los aspectos a considerar en este caso es la intangibilidad de las
remuneraciones.
- Aporte solidario para acumulación de dos beneficios previsionales: quien cobre jubilación y pensión verá reducidos
ambos en un 20%, si ambos son prestaciones otorgadas por La Caja, o bien
20% de aquel beneficio perteneciente a La Caja si el otro pertenece a otro
organismo. Lo mismo sucede para la acumulación de un beneficio con
todo otro ingreso. Esto repercute notoriamente en profesionales
liberales, beneficiarios de prestaciones por las cajas profesionales,
docentes universitarios. Además
de vulnerarse el principio de mayor esfuerzo contributivo,
estaríamos ante un claro caso de confiscatoriedad. La Corte Suprema
de Justicia en pacifica jurisprudencia no tolera recortes superiores al
15%. Por si ello fuera poco, si se afectan los beneficios ya en curso, nos
toparemos de bruces con la violación de derechos adquiridos y de la
propiedad.
- Aportes patronales: bajan 1%
en caso a cargo de empleadores de todos los niveles y modalidades
de servicios docentes, de establecimientos públicos
dependientes del Estado Provincial y de establecimientos privados que
realicen aportes a la Caja.
- Sumas no sujetas a aportes y contribuciones: conversión gradual en no
remunerativas de las sumas que hasta la fecha se vienen liquidando como
remunerativas [viáticos, transporte, capacitación, vestimenta,
refrigerio, guardería, fallas de caja, gastos de representación
y sumas que se liquiden en concepto de premios, asignación estímulo y
cualquier otra bonificación análoga]. Esto implica claramente la reducción
de la base sobre la cual se calculan los haberes jubilatorios. En idéntico
sentido van los nuevos topes establecidos para salarios superiores. Aquí advierto
un gran conflicto por venir en relación con la definición de que es lo que
constituye remuneración. Existen dos definiciones: las más amplia es la de
remuneración previsional,
aunque algunos autores la identifican y asimilan al concepto de remuneración laboral [Véanse al
respecto Arts. 103 de ley 20744, y 6 y 7 de Ley 24241]. Los conceptos de
salario y remuneración están estrechamente vinculados con la dignidad del trabajador y el carácter alimentario del mismo [Art. 14 bis CN], con el desarrollo
humano y el progreso económico
con justicia social [Art. 75.19 CN), con la preferente tutela de los trabajadores, con la vulnerabilidad del sector pasivo,
con el principio Pro Homine, con
los arts. 6 y 7 del PIDESC, con el art. 1 del Convenio OIT 95, y la interpretación
que de todo ello ha dado la CSJN en diversos pronunciamientos [ATE c/
Municip. de Salta, Aquino, Madorrán y Torrillo, Vizzotti, García c/AFIP,
etc.)
- De lo anterior surge además la inconsistencia de la reforma: reducir los ingresos a la par que se reducen los beneficios. En esa misma linea se establece una base imponible máxima a los fines previsionales para aquellos ingresos salariales que superen al del Gobernador. En esos casos el tope estará dado por el ingreso asignado a cada cargo según el convenio colectivo de que se trate. Si el problema es exclusivamente económico no llega a advertirse por que también se reducen los ingresos del sistema, cuando lo que se pretende es la baja de las erogaciones para el logro del equilibrio.
- Se elimina requisito de actividad para obtención de jubilación ordinaria
- Se reglamenta la extinción del beneficio de jubilación,
a los fines de obtener un beneficio previsional en otro régimen.
- El haber de jubilación por invalidez será
equivalente 4% por cada año de servicio computable, con un haber mínimo
equivalente al 45%, sobre la base del promedio ya expresado para el haber de jubilación. Para el goce del mismo se incorporan los requisitos de
actividad y regularidad de aportes
- Se establece como plazo máximo para la inscripción en el Registro de Reparación Previsional hasta el día 31/12/20.
La dramática situación económica y financiera no sería
óbice para la declaración de inconstitucionalidad de algunos de los preceptos
de la reforma previsional, toda vez que “cualquiera sea la medida de la limitación, ella siempre se mostrará
incompatible con el carácter de integrales e irrenunciables que la Constitución
Nacional reconoce a los beneficios de la seguridad social, produciendo al
interesado un perjuicio patrimonial irrazonable (...) no se trata de establecer
si la prestación está limitada en demasía o no, sino simplemente en determinar
si ha sufrido alguna limitación, por mínima que sea. (...)” También debe
considerarse que “(...) a partir de la
reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y
diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el
goce pleno y efectivo de todos sus derechos (...)[García c/AFIP]”
En este punto debemos recordar que el Tribunal
Superior de Justicia [TSJ] oportunamente dio aval a la reforma de Ley
10333 en el fallo Pipino, distinguiendo entre retroactividad y retrospectividad. Asimismo,
en el fallo Bossio, se convalidan recortes
jubilatorios, hasta el tope de lo que el mismo TSJ define como núcleo
duro de las prestaciones previsionales. En ambos casos dichos avales
podrían aplicarse, mutatis mutandis, al caso bajo análisis, lo que
tornaría necesario llevar cualquier litigio hasta la cúspide de nuestro sistema
judicial, y, por qué no, hasta órganos internacionales por la presunta
violación a los principios contenidos en los convenios y tratados internacionales
ratificados por el Estado, en particular el principio de progresividad/no regresividad en materia de derechos humanos,
toda vez que sin lugar a dudas la reforma previsional plantea un retroceso en
la cobertura de los derechos ya señalados.
Actualización al 19/06/20
Se publicaron el día de hoy en el Boletín Oficial de Córdoba los Decretos 407 y 408 que disponen el texto ordenado de la Ley Jubilatoria 8024, y su reglamentación.
Entre las principales novedades advertimos que por la reglamentación del Art. 58 los DOCENTES QUEDAN EXCEPTUADOS DEL RECORTE en concepto de APORTE SOLIDARIO. También quedan exceptuados los beneficiarios de Cajas Jubilatorias Profesionales, y todos aquellos jubilados o pensionados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba que tengan otro ingreso que sea inferior al 5% del haber.
Las primeras medidas cautelares concedidas en contra del recorte, y el reclamo unánime de los representantes de sectores docentes, universitarios y profesionales, habrían sido determinantes en esta 'marcha atrás' del Gobierno provincial.
No obstante lo señalado, el régimen jubilatorio docente provincial continúa afectado por la reforma previsional en diferentes, tal como hemos comentado en anteriores publicaciones.
En los demás aspectos de la reforma previsional, no existen cambios sustanciales dispuestos por la reglamentación.
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